Los detractores de todo lo tocante a la memoria histórica en nuestro país, suelen alegar para justificar su postura que resulta contraproducente para la convivencia rememorar el pasado, que la historia debe permanecer sepultada en el olvido para no remover viejas heridas, porque el olvido es la raíz de la reconciliación. Pero la historia no es una metódica enumeración de acontecimientos cronológicos. La historia la construyen personas con sus vivencias, sus padecimientos, sus alegrías o sus desdichas… Y resulta, que muchos de esos hombres y mujeres protagonizaron la etapa más trágica y convulsa de nuestro pasado colectivo. Son pedacitos vivientes de nuestra historia que aún permanecen entre nosotros; seres humanos que tienen nombre y apellidos; habitan nuestras ciudades y caminan por nuestras calles; conservan sus sueños, deseos, esperanzas, ilusiones, temores, preocupaciones… Es el anciano que se sienta a nuestro lado en el autobús, que después de toda una vida lejos de su patria, regresó del exilio para pasar sus últimos años en la tierra que lo vio nacer; es el vecino del tercero, que todavía conserva en su cuerpo y en su alma las cicatrices de las torturas padecidas en las siniestras comisarías franquistas; es la señora María, que pese a su avanzada edad y a los años transcurridos, todavía se le humedecen los ojos cuando recuerda la noche en que cuatro individuos con camisas azules, arrancaron a su padre de su lado y jamás volvió a saber de él. Son las víctimas de una derrota que se prolongó durante casi cuatro décadas. Son los daños colaterales de una Ley de Amnistía que, si bien se promulgó con una clara voluntad de concordia y reconciliación, lo cierto es que colocó en plano de igualdad a los presos políticos y a sus carceleros, equiparó a víctimas y a verdugos y malogró toda posibilidad de justicia con los represaliados de la dictadura. Pero no se puede esconde la basura eternamente debajo de la alfombra porque, tarde o temprano, alguien la descubrirá y la sacará de su escondrijo.Todos estos supervivientes de la historia, son testigos, incómodos para muchos, de que en nuestro país se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos más elementales, mediante persecuciones, torturas, desplazamientos forzosos, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos… Son los testimonios vivientes que acreditan como en la España de Franco se cometieron impunemente lo que la Corte Penal Internacional define como “crímenes contra la humanidad”, una de cuyas características es su naturaleza imprescriptible. Como consecuencia de la Ley de Amnistía promulgada en 1977, no sólo los crímenes cometidos durante la dictadura quedaron impunes, sino que además, se da la paradoja de que, treinta y cinco años después de la desaparición física de su máximo instigador, los herederos ideológicos de quienes los perpetraron, pueden sentar en el banquillo al único juez que ha pretendido investigarlos.
La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella de Falange Española de las JONS y de dos asociaciones de corte ultraderechista (Manos Limpias y Libertad e Identidad) contra el juez Baltasar Garzón por prevaricación, no sólo ha provocado la censura de buena parte de jueces y letrados y el rechazo de la fiscalía del Estado, sino que el pasmo y la estupefacción han traspasado nuestras fronteras. Es preciso poseer gran poder de convicción y aplicar una enorme dosis de pedagogía, para argumentar frente a la comunidad internacional, cómo el magistrado que puso contra las cuerdas a Pinochet y logró procesar y encarcelar por genocidio al ex militar argentino Adolfo Scilingo, pueda ser apartado de la carrera judicial por investigar los crímenes comedidos en su propio país.
No soy profesional del Derecho y por lo tanto, existen fundamentos de la legislación y argumentos jurídicos que escapan a mi conocimiento. Pero conozco el significado de la palabra prevaricar, que la RAE define como “el delito que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta”; injusto es algo no justo, no equitativo; equidad, es dar a cada uno lo que merece. Por consiguiente, si al juez Gazón se le imputa un delito de prevaricación por intentar investigar las desapariciones del franquismo, ¿debemos deducir que es injusto intentar esclarecer el paradero de miles de españoles desaparecidos durante la guerra y la dictadura? ¿Quiere esto decir que los cadáveres de las cientos de personas sepultadas en caminos y cunetas, están donde se merecen y allí deben seguir?
Pero en este controvertido asunto, el meollo de la cuestión no es si salir en defensa de Garzón o esperar el momento de su caída para descorchar una botella de cava. Baltasar Garzón, convive a diario con la contradicción de ser tan odiado como venerado por entusiastas y detractores. Los mismos que lo elevaron a la categoría de héroe cuando intentaba procesar a Felipe González, lo transformaron en el más ruin de los villanos cuando el objetivo de sus pesquisas han sido los crímenes del franquismo o la trama corrupta del caso Gürtel. El trasfondo del asunto, lo verdaderamente relevante, lo que como sociedad deberíamos plantearnos con madurez y sin complejos, es si a las víctimas y a sus familias les asiste el derecho de exigir la justicia que, una y otra vez, les ha sido negada. Tal vez, haya llegado el momento de sacar la basura de debajo de la alfombra.
Publicado por Belén Meneses
