La oposición también tiene su obligación con la ciudadanía

Igual que hay diferentes maneras de gobernar, existen también formas antagónicas de entender la labor de oposición. Una sería responsable, madura y reflexiva que, sin renunciar a la crítica necesaria y legitima, persigue el bienestar de la ciudadanía por encima de objetivos partidistas, y otra es la que viene practicando el grupo de IC-EUiA en el ayuntamiento de Rubí, cuyo único propósito parece ser erosionar la labor del equipo de gobierno, renunciando al rigor, a la sensatez, e incluso, a la verdad.

El grupo municipal de ICV-EUiA lleva días realizando declaraciones a los medios de comunicación, denunciando lo que, según ellos, constituye una “auténtica estafa” para los ciudadanos y las ciudadanas de Rubí. Imprudentemente, aseguran que el precio de los pisos de protección oficial que se construyen en Sant Jordi Park, están por encima del precio de mercado.

Aunque presuponemos que las declaraciones de Iniciativa son fruto de la ignorancia y la inexperiencia, y no de la mala fe, todos los miembros de ICV-EUiA deberían tomar conciencia de que su compromiso con la ciudadanía exige aparcar la demagogia y no crear falsas alarmas entre la población rubinense, especialmente tratándose de un tema tan sensible como es el acceso a la vivienda.

Para poner las cosas en su sitio y esclarecer las posibles dudas que las declaraciones de ICV-EUiA hayan podido crear entre los ciudadanos y ciudadanas de Rubí, transcribimos a continuación un artículo del portavoz del grupo municipal del PSC, Manolo Velasco, donde el regidor socialista desmonta con datos reales y contrastables las falsedades vertidas por los señores de Iniciativa per Catalunya Verds.

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Pisos de protección de Sant Jordi Parc. La diferencia entre hablar sin saber y saber sin hablar.

Resulta cuanto menos curioso como el Sr. Aguila, regidor de IC del ayuntamiento de Rubí, se posicione en contra respecto a las nuevas promociones de pisos de protección oficial que se van a construir en Rubí. Posiciones obviando los 23 años de gobierno de IC en Rubí, durante los cuales se construyeron cerca de dos centenares de pisos de protección (o sea, un promedio de 8,6 pisos por año o, lo que ellos llaman “hacer una política pública de vivienda”).

Posiciones en contra de favorecer la vivienda de protección oficial, tal como estamos trabajando desde el PSC, con la revisión del POUM para su aprobación definitiva, que el equipo de gobierno aprobó inicialmente junto con otros grupos municipales (entre los que no se incluye IC), donde la programación de este porcentaje de vivienda pública se ha aumentado hasta un 15% sobre el total de viviendas de Rubí, (dicho de otra manera, se aumentaran los pisos de protección oficial en un 2700 % con respecto a la aportación de pisos oficiales que se construyeron durante la etapa de IC y su “política pública de vivienda”).

Y puestos a tomar posiciones, se posicionan también en contra de la horquilla económica que se exige para optar a dichas viviendas. En este punto, tal vez habría que recordarle al Sr. Águila que el límite de ingresos máximos para optar a estas viviendas no lo marca el Ayuntamiento, sino el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, gestionada actualmente por sus compañeros de IC. Un paseo por la Web de la Generalitat de los “ecosocialistas” es suficiente para descubrir, por ejemplo:

“Venda

Si es tracta d'habitatges amb protecció oficial de venda, el límit d'ingressos és diferent segons al tipus de protecció a què es vulgui accedir:
- règim especial: 2,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'efectes Múltiples) - règim general: 5,5 vegades l'IPREM - preu concertat: 6,5 vegades l'IPREM”

Ese 5,5 veces IPREM es lo que el Sr. Aguila, dentro de su ignorancia, crítica del equipo de Gobierno municipal, desconociendo, o no, que lo que está criticando es el baremo que viene impuesto desde el Departament de Medi Ambient i Habitatge que, vuelvo a repetir, está gestionado por sus compañeros de IC en la Generalitat

Posiciones en contra del precio del metro cuadrado cuando, otra vez vuelven a ser ellos, los responsables de IC en el Departament de Medi Ambient i Habitatge, los que imponen el precio máximo del metro cuadrado. La razón de que al Sr Aguila le salgan unos números que no le cuadran, es tan sencilla (y fácil de contrastar), como que en el precio final de los pisos de Sant Jordi Park se incluyen el garaje y el trastero. Quizás con una consulta al personal de PROURSA, hubiera sido suficiente para no (bienintencionadamente supongo) falsear los números y se le hubiera explicado que los pisos tienen un precio que va desde los 98.770 a los 117.787 € (o sea, de 16.433.945 a 19.598.107 de las antiguas pesetas, muy por debajo de los precios de mercado)

Está claro que la única táctica que tiene IC es POSICIONARSE EN CONTRA de la construcción de pisos de protección oficial, puesto que si son los criterios marcados lo que tanto les disgusta, lo tienen muy sencillo: convencer a sus compañeros de partido en la Generalitat para que los modifiquen. A no ser que su política de vivienda pase por hacer, (como ya se insinúo desde algún ámbito supramunicipal) un Área Residencial Estratégica (ARE) en Can Ramoneda o sus alrededores. Quizás la próxima vez que critique alguna medida del Gobierno municipal en temas de vivienda, sería preceptivo consultar antes con sus “primos” de la Generalitat para no volver a meter la pata con acusaciones sin fundamento.

Manolo Velasco

Portavoz del Grupo Municipal del PSC de Rubí