Los impuestos, un mal necesario

El artículo 1º. del Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Todos entendemos que el legislador quiso decir con Estado Social aquel en el que todos los ciudadanos contribuyen en la justa medida de sus posibilidades al correcto sostenimiento del Estado. Y al decir sostener el Estado no me refiero solo al mantenimiento de las administraciones, sino al Estado del Bienestar que en España disfrutamos actualmente.

Hay situaciones cotidianas a las que, por comunes o habituales, no les concedemos ninguna importancia, pero la tienen ¡y mucha! Por ejemplo, la cobertura sanitaria a la totalidad de la población; el progreso en el sistema de pensiones; las prestaciones por enfermedad o desempleo; la educación obligatoria y subvencionada o gratuita hasta los 16 años; la educación superior en universidades públicas; la ampliación de la red viaria con abundantes autovías libres de peaje; las prestaciones económicas de tipo social (guarderías municipales, residencias para la tercera edad, ayudas económicas a la maternidad, ley de dependencia, y un largo etcétera) y, en definitiva, un conjunto de mejoras inimaginables hace tan sólo 40 años.

Paralelamente hay que entender y tener muy claro que para conseguir y mantener todo lo anterior, los gobiernos sólo tienen un medio: el sistema impositivo, es decir, LOS IMPUESTOS. A todos nos disgusta pagar el IVA en cada artículo que consumimos. Cuando llega la época de declarar el IRPF andamos como posesos recordando y buscando gastos o inversiones que nos puedan desgravar. Y lo mismo se puede aplicar a los tributos de carácter local (IBI, basuras, etc.). En resumen, en todo Estado moderno los impuestos son necesarios e imprescindibles, otra cuestión es su control; quién paga, quién no paga, las bolsas de fraude fiscal, los paraísos fiscales, etc. Es una lucha constante de todos los gobiernos erradicar, o al menos paliar, la figura del ciudadano que además de no pagar, se enorgullece de ello.

Hay un claro ejemplo de la enorme utilidad social de los impuestos. En nuestro país, escuchamos decir con frecuencia que con el régimen anterior apenas se pagaban impuestos, y es cierto, ya que prácticamente no había ninguna prestación social. Si no se atendían las necesidades de la población, no era necesario ningún tipo de recaudación. Pero, ¿verdad que no es eso a lo que aspiramos?

En una situación económica como la actual, en la cual se producen cierres de empresas, ERE’s que afectan a muchos trabajadores, pérdida del poder adquisitivo y reducción del consumo, las administraciones ven recortados seriamente sus ingresos, con lo cual es de lógica elemental que el Gobierno, para intentar mantener todas las prestaciones sociales descritas anteriormente, recurra al incremento (puntual y temporal) de determinados impuestos. Es de justicia social hacer cumplir el viejo axioma de “que pague más quien más tiene”.

Naturalmente que la oposición brama, ruge y vocifera alegando la incompetencia del actual equipo de gobierno y que, por supuesto, si estuviesen ellos en el poder, no sólo estaría la crisis totalmente resuelta sino que “ataríamos los perros con longanizas”. Quizá habría que recordarles quien originó la actual crisis, depresión, deflación o como quieran llamarla.No obstante y aprovechando esta justificación a la campaña fiscal del actual gobierno, quisiera introducir una reflexión por si algún político leyese estas líneas. Transcurridos ya 30 años de ayuntamientos democráticos, y teniendo en cuenta que los actuales regidores y regidoras cuentan con un buen bagaje empírico e intelectual, sería el momento que, a imitación de los países del norte de Europa, se transfiriese a los gobiernos locales la prestación de muchos servicios que actualmente dependen de los gobiernos centrales y autonómicos (que en muchas ocasiones son desempeñados de hecho por los propios ayuntamientos), con la consiguiente capacidad recaudatoria.

Publicado por José Segura